Definir la pregunta jurídica
El primer paso consiste en identificar qué necesita la entidad: analizar una cuestión regulatoria, revisar documentación o conocer los problemas jurídicos que plantea una propuesta. Conviene concretar el ámbito territorial, la finalidad del trabajo y el órgano o equipo al que va dirigido.
La regulación del cannabis afecta a materias distintas. Las cuestiones penales, administrativas, sanitarias o relativas a determinadas actividades económicas no pueden resolverse mediante una única conclusión general. El estudio debe identificar qué planos intervienen y qué fuentes resultan relevantes para el encargo.
Información para preparar el alcance
Una descripción ordenada permite valorar el trabajo necesario y evitar que un análisis parcial se utilice para responder a preguntas que no comprendía. Si existen borradores o antecedentes, conviene indicar su estado y el uso previsto del resultado.
- Objeto de la consulta y decisiones que pretende informar.
- Ámbito territorial e institucional del proyecto.
- Textos, propuestas o documentación de partida.
- Destinatarios y formato de trabajo que necesita la entidad.
Fuentes, límites y condiciones del encargo
El asesoramiento debe separar lo que establece el marco vigente de las valoraciones sobre posibles reformas. Una propuesta de cambio normativo no equivale a una autorización para realizar una actividad. Del mismo modo, un análisis general no sustituye la comprobación de los requisitos de un proyecto específico.
Antes de iniciar el trabajo se acuerdan su alcance, la documentación necesaria y el presupuesto. Cuando la necesidad es continuada puede consultarse una suscripción de asesoramiento. La disponibilidad y las condiciones se concretan con la entidad, sin atribuir al servicio apoyos institucionales, participación en reformas o resultados que no estén documentados.