La ley de cannabis en Uruguay muestra por primera vez una grieta para la seguridad de los cultivadores, que están en alerta ante recientes y sorpresivas requisas.
Todo comenzó en Punta Rubia, un pueblo balneario ubicado al lado del océano, en el departamento de Rocha, al este del país.
Allí, y según informa La Diaria, los vecinos se organizaron y enviaron una carta al ministerio del Interior de Uruguay.
En ella denunciaron un despliegue “violento” durante un allanamiento en la vivienda de una persona registrada para cultivar legalmente.
En Uruguay, y gracias a la ley sancionada hace poco más de siete años, 11.630 personas están registradas en una nómina oficial para cultivar marihuana.
El derecho ejecutado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) de Uruguay garantiza la intimidad de los inscriptos.
Los vecinos expresaron su alerta por “el inexplicable uso de fuerza y despliegue policial” en dicha localidad durante un allanamiento en una vivienda.
En total, son 50 las familias firmantes, que incluso ya habían enviado una carta en noviembre en la que cuestionaban la forma en que se llevó a cabo el operativo Ballena.
Un accionar policial que, entre otras cosas, se realizó sin órdenes de allanamiento y apelando a la firma voluntaria de los vecinos para permitir el registro de la casa de los cultivadores.
Una requisa en la que, por supuesto, y como es una triste costumbre entre las policías de Uruguay (y todo Sudamérica), no faltó la “intimidación” de la presencia de efectivos armados.
Este procedimiento, también realizado en la zona de Santa Isabel, implicó el registro de mas de 170 personas.
La requisa se realizó el 25 de febrero por la tarde en la casa de un ciudadano al que se conoció como P.V., para preservar su identidad.
La excusa es la búsqueda de “estupefacientes”, según la información aportada por los vecinos y cultivadores.
“Un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales, entre los que se cuentan uniformados de azul, Policía técnica y efectivos vestidos de negro con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas, irrumpieron en forma violenta y sin identificarse en el domicilio”, afirman en el documento.
Según la versión de los firmantes, el dueño de casa se encontraba trabajando en La Paloma, donde se desempeña como carpintero.
Los policías encontraron en la vivienda a dos amigos del propietario, que fueron reducidos “a punta de metralleta en la cabeza”.
Uno de ellos fue elegido por los efectivos para que firme un documento que lo hacía «responsable y tutor de las plantas de cannabis que se encontraran durante el allanamiento”.
El hombre firmó, pero “sin estar seguro” de en qué consistía lo que estaba firmando, y bajo la “amenaza de los efectivos policiales”.
“Ahora él siente preocupación porque en realidad no conoce el tenor del documento que firmó”, señalan en la carta.
CULTIVADORES DE URUGUAY, DEL SUSTO AL ALERTA
Una integrante del grupo de vecinos que firmó la carta, Paula Schwedt, contó detalles del caso por el cual los cultivadores de Uruguay están en alerta.
La mujer contó a La Diaria que, a diferencia del procedimiento que motivó la carta, este caso “le pasó a una familia puntual, que quedó muy conmovida por lo que le sucedió”.
Contó que “la forma en que los abordaron fue muy violenta” y que “les costó salir a comunicarlo” por miedo a represalias.
“Entraron a la casa pateando la puerta principal, la arrancaron, mientras que ellos le habían ofrecido abrirla sin problema”.
“Y también arrancaron la puerta del baño”, sostuvo Schwedt, que recogió y contrastó los testimonios de los diferentes testigos para armar la carta.
Según el relato de Schwedt, uno de los efectivos dijo que “buscaban estupefacientes”.
Allí fue cuando la mujer respondió que el dueño de la casa estaba registrado en el Ircca para tener las plantas que había en su jardín, y le mostró la documentación.
“En ese momento la Policía desistió de arrancar las plantas y se comunicaron con los superiores, explicando que les habían mostrado el registro”, manifiestan los vecinos en la carta.
“La excusa es que venían buscando estupefacientes, como si fuera Pablo Escobar, a una persona que está registrada en el IRCCA”, protestó Schwedt.
“P.V. llegó a la casa y sus amigos y vecinos le narraron lo sucedido, se presentó entonces en la comisaría para nuevamente exhibir la inscripción en el IRCCA», como haría cualquiera de los cultivadores.
“Lo recibieron, pero no le ofrecieron explicaciones, como tampoco le mostraron la orden de allanamiento”, se afirma en el texto enviado a la cartera de seguridad.
Para los vecinos, “verificar la cantidad de plantas de cannabis que posee una persona autorizada” por el IRCCA no debería ameritar “un procedimiento tan violento”.
Es por ello que solicitan al ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, que “investigue las circunstancias de este anómalo” proceder.
El propio Larrañaga, al ser consultado por las irregularidades del operativo, dijo que el procedimiento “fue legal” y los allanamientos fueron dispuestos “en función de denuncias anónimas que se habían dado”.
Martín Fernández, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la más importante de Uruguay, explicó a La Diaria que “la figura de allanamiento voluntario no existe”.
“Es un contrasentido porque el allanamiento es una de las medidas más invasivas del proceso penal”.
“Existe la posibilidad, dentro del Código del Proceso Penal, de que se le solicite a la persona que es jefa de hogar si se puede ingresar a la vivienda”.
No obstante, esto “no puede ser utilizado como una trampa a la figura del allanamiento”.
“Si en todo caso la Fiscalía tiene alguna sospecha o indicio de que se está cometiendo un delito en un domicilio, lo que corresponde que haga es una solicitud de allanamiento, que tiene que ser justificada ante un juez, que es quien las otorga siempre”, agregó.
REGISTRO DE CULTIVADORES EN URUGUAY, UNA CUESTIÓN DE PRIVACIDAD
Son muchos los que creen que el ministerio de Seguridad molesta a los cultivadores de Uruguay para hacer crecer el alerta, y con ello ganar terreno político.
La respuesta de la cartera dirigida por Larrañaga es que, al no poder acceder, por ley, a los registros de cultivadores de cannabis en Uruguay, todas las plantaciones son “ilegales en principio”.
Asimismo, señalaron que se han solicitado los datos de los usuarios al IRCCA para “separar legales de ilegales” pero el instituto no accedió a la solicitud.
Larrañaga confirmó que la cartera va a pedir “por lo menos la ubicación” tanto de clubes como de auto cultivadores del Uruguay para poder controlarlos.
“No queremos generar inconvenientes de ninguna naturaleza con aquellos que están en el marco de la ley, pero puede haber situaciones de desborde, y que de lo legal se pueda transformar en una parte en ilegal”, agregó.
La Ley 19.172 de regulación y control del cannabis establece, en su artículo 8, que la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tiene “carácter de dato sensible”.
“Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles”, los cuales “sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular”, dice la norma.
Además, prohíbe “la formación de bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles”.
En octubre de 2020, Larrañaga anunció que su ministerio comenzaría a inspeccionar los clubes de cultivadores cannábicos del Uruguay.
Dice que busca controlar que los excedentes de su producción no se vuelquen al mercado negro.
También indicó que su cartera pediría al Ircca el “acceso a la información de los clubes de cultivadores cannábicos para cruzar la información y poder tener intervención”, en el entendido de que la fiscalización desarrollada por el instituto es “totalmente insuficiente”.
Es por ello, y no es para menos, que los cultivadores de Uruguay están en alerta, y más unidos que nunca, para no dar un paso atrás en los derechos conquistados.
Fuente: La Marihuana