A pesar de los avances que ha vivido la Argentina desde que entró en vigencia la ley nacional de uso medicinal, mucha gente sigue yendo presa por plantar cannabis.
Tampoco ayudó la nueva reglamentación que sacó por decreto el Presidente, Alberto Fernández, que habilitará el autocultivo, el cultivo solidario y en red y la venta en farmacias.
Los usuarios y cultivadores en diferentes puntos del país siguen siendo detenidos y perseguidos.
Eso es lo que denuncian un conglomerado de organizaciones de derechos humanos que piden que en Argentina no haya más presos por plantar cannabis.
En un comunicado afirman que desde el Estado se montan enormes operativos de seguridad para combatir el narcotráfico.
Sin embargo, las estadísticas oficiales que crecen mes a mes demuestran que es una guerra contra las personas usuarias de sustancias y no contra los narcos.
Hablan de detenciones más que de cantidades incautadas.
Según la denuncia, se trata de un accionar mediático y punitivista ha aplicado el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (este).
Tras una ola de allanamientos y detenciones que se desató en el último semestre, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires lanzó la solicitada.
En la misma participan los principales frentes de agrupaciones cannábicas y algunas organizaciones sociales, exigiendo que no se persigan a usuarios y cultivadores de cannabis.
NO MÁS PRESOS POR PLANTAR CANNABIS EN ARGENTINA
La solicitada lleva la firma de Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Mario Coraliano, Defensor de Casación Penal, y Paula Litvachky, Directora Ejecutiva de Cels.
También otras personalidades de la política y la administración pública y del mundo jurídico.
Además, cuenta con el apoyo de varios frentes del cannabis de la Argentina y organizaciones civiles.
Entre ellas, FOCA (Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas), Acuerdo por la Regulación Legal, Campaña Nacional Cannabis al Congreso, Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerenses.
El comunicado, hecho por Anuar Peche es claro:
El abordaje estatal en materia de seguridad y narcocriminalidad nos debe llevar a un debate serio respecto a cómo pensamos las intervenciones y operativos policiales.
Resulta indispensable fijar un horizonte en torno a qué se persigue, cómo se lo hace, y cuáles son las metas a alcanzar.
A pesar del dictado de la ley 27.350 y reciente reglamentación mediante el decreto 2020-883-APN-PTE, el cannabis se mantiene en la ilegalidad.
Y a sus usuarios en un riesgo cierto de criminalización, persecución y en caso de consumo con fines terapéuticos, en un agravamiento de la situación de salud.
El sistema persecutorio del cannabis y sus usuarios se sigue sosteniendo, incluso avizorándose un horizonte esperanzador que pueda cambiar dicho paradigma.
Nuestro Organismo entiende que la tenencia sin pruebas de comercio ilícito debe quedar por fuera de la persecución penal.
Y el consumo debe ser abordado desde la mirada de la salud pública.
QUITAR VELO PUNITIVO AL CANNABIS
Resulta indispensable quitar al cannabis, el autocultivo, su utilización con carácter terapéutico, y a las/os usuarias/os y cannabicultores/as, del abordaje criminal.
La decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de crear la Agencia Provincial del Cannabis, constituye un punto de inflexión, al contemplar muchos de los aspectos relacionados con la temática, y promover la investigación, producción, distribución.
También la creación de un Registro Provincial del Cannabis que brindará un marco legal a las/os usuarias/os que pretendan acceder a su cultivo y utilización.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, venimos trabajando desde hace tiempo junto con las diferentes asociaciones de usuarios de cannabis y con muchos Defensores Públicos en la defensa de los derechos de aquellos que son perseguidos por el sistema penal.
Por ello, ante esta situación, entendemos que debemos seguir trabajando en este sentido, para lograr un modelo de seguridad que no persiga a cannabicultores/as.
A quienes ponen en común sus conocimientos a través de redes sociales, quienes comparten las semillas, y/o producen aceite o derivados con fines terapéuticos.
Desde hace ya mucho tiempo, el movimiento cannábico nos ha invitado a reflexionar con profundidad respecto al alcance del derecho a la salud al proponernos una comprensión en la que la dignidad y la erradicación del sufrimiento, son premisas centrales en la vida de toda persona.
Por eso debemos seguir trabajando en implementar políticas públicas que eviten la criminalización de quienes necesitan del cannabis para mejorar su calidad de vida».
Se respiran tiempos de cambio en la Argentina. Es cierto, eso es innegable.
Pero hoy por hoy, los usuarios y cultivadores de cannabis siguen en la clandestinidad total con el temor de ser allanados o detenidos por la ley de drogas 23.737.
Esa clandestinidad incluye a todas las personas: las que necesitan el cannabis y sus derivados para aliviar dolores o acompañar un tratamiento.
Y también a esas que le dan un uso adulto responsable en su vida cotidiana o son solidarios con quienes le dan un fin terapéutico.
Lamentablemente el avance en materia de salud no va de la mano con el penal.
Por ahora, la justicia argentina en materia de drogas repite la vieja historia del prohibicionismo: no juzga, condena.
Fuente: La Marihuana