En el texto de la carta publicada por la Asociación Judicial Democrática en la web oficial Questione Giustizia, solicita claramente una movilización hacia una reforma regulatoria que ponga fin a esta prohibición sin sentido.

Las palabras de la Asociación Judicial Democrática ayudarán a relanzar la Propuesta de Ley Colectiva completa en Italia. Ésta fue presentada por más de 240 organizaciones activas en el área y respaldada por más de 41,000 suscripciones on line; Es hora de aferrarse a una solicitud clara, con reglas claras y objetivos claros.

La política parlamentaria y de partidos del país necesariamente debe reconocer que la solicitud de los ciudadanos debe ser escuchada, discutida y finalmente aprobada.

No es muy útil perderse detrás de conceptos abstractos o consignas preimpresas: se necesita una movilización colectiva que tenga ideas, objetivos, caminos y estrategias bien definidos, y nosotros, como Asociación, estamos reflejados en el Manifiesto Colectivo en todo esto, e insistiremos en que se convierta en una realidad en nuestro Estado.

Carta completa de la Asociación de Magistrados de Italia

                                La cuestión de la legalización de las drogas blandas y, más en general, de la despenalización de las conductas ofensivas menores en el ámbito de las drogas, debería imponerse en el debate público.

Es una tarea difícil porque va en la dirección opuesta a las razones mundanas de la prohibición, desde la pasión contemporánea por castigar hasta la hegemonía perdurable de ese enfoque farmacológico -ahora negado por los estudios científicos más profundos- para el que habría una conexión directa entre el consumo de sustancias y la propensión a la delincuencia, sin distinguir entre el consumo de drogas blandas y el consumo de drogas duras.

En un momento en que se está debatiendo el derecho penal mínimo, pero limitado a una perspectiva utópica, el replanteamiento de la política penal en materia de drogas nos parece una forma de elevar el nivel de protección de la salud pública, restablecer la eficacia selectiva y la capacidad de orientación y la duración razonable de los procesos del derecho penal y, por último, pero no por ello menos importante, eliminar las “cuotas de mercado” de la delincuencia organizada.

Por estas razones, consideramos que existe una necesidad urgente de contribuir, como juristas, a este difícil y necesario trabajo.

Treinta años han pasado desde la primera ley radicalmente prohibicionista, la Iervolino-Vassalli de 1990, pero la guerra contra las drogas en nuestro país no ha conocido ninguna pista, al menos hasta hace poco. El salto cualitativo en el sentido represivo se dio con la ley Fini-Giovanardi (49/2006): igualación entre drogas duras y blandas, exacerbaciones represivas, debilitamiento de la distinción entre drogadicto, consumidor y traficante.

A pesar de las críticas de jueces y abogados y del precio pagado por el hacinamiento en las cárceles (dos sentencias condenatorias del Tribunal de Estrasburgo), fue necesario esperar a que el Tribunal Constitucional de 2014 rechazara la equiparación entre drogas blandas y duras y a que los decretos de ley de 2013 y 2014 transformaran el “hecho de la pequeña entidad” de una circunstancia atenuante especial en un crimen autónomo.

Pero todo esto sigue siendo poco. Una investigación promovida por el Garante de la Región Toscana de las libertades privadas de las personas, en colaboración con la Fundación Michelucci, y la décima edición del Libro Blanco sobre las drogas sirven para aclarar el significado de esta declaración. Italia, con su 31% de presos restringidos por violación de las leyes de drogas, sigue siendo el país del Consejo de Europa con el mayor número de condenados de forma permanente por delitos relacionados con las drogas. Uno de cada dos juicios por drogas termina con penas de prisión, en comparación con uno de cada diez en el ámbito de los delitos contra las personas. Hay muchas (demasiadas) condenas por delitos menores que terminan en prisión y cualquier alternativa terapéutica (además practicada de manera inconsistente) se pospone al “después”, a la ejecución penal. Incluso las opciones jurisprudenciales sobre la luz del cannabis -añadimos-, a partir de la primera interpretación de la sentencia en United Sections (2019/30475), están ahí para demostrar que el paradigma represivo es más relevante que nunca.

Sin embargo, los acontecimientos del pasado hacen que el fracaso de esta estrategia sea ahora plástico. De hecho, el prohibicionismo indiscriminado ha fortalecido el mercado manejado por las mafias, ha aumentado las oportunidades de acercarse a las sustancias, ha favorecido la criminalización secundaria de los drogadictos, ha abierto las calles de las ciudades a la violencia y ha ralentizado cualquier estrategia terapéutica y de reducción de daños. Como escribieron Franco Corleone y Grazia Zuffa, el lema prohibicionista del’mundo libre de drogas’ ha acabado dividiendo a la sociedad y ha protegido “a una parte de los ciudadanos (los que serán persuadidos a abstenerse) contra la otra parte (los que consumen)”. Hoy en día, ambos lados parecen estar atrapados por el miedo y el mensaje para el adicto sigue siendo el mismo, el que canta con desesperación Enzo Jannacci: arreglárselas por su cuenta.

Necesitamos, por lo tanto, una movilización cultural del mundo jurídico, junto con los sectores de la sociedad que siempre han estado comprometidos con estos temas, para pensar en una serie de estrategias distintas a la única represiva y tomar caminos finalmente anclados en la ética de la eficacia y la necesidad de cuidar a las personas y las relaciones sociales.  Termina la carta de la asociación de magistrados

Aquí la carta de la Asociación de Magistrados

Fuente: La Marihuana