La cantidad de pacientes que se inscriben en el Estado para usar terapéuticamente el aceite de cannabis crece a diario en la isla de Puerto Rico, al punto que esperan alcanzar la marca de 7.000 para antes de fin de mes. Sin embargo, el parlamento acaba de ignorar un proyecto de ley que busca equiparar la situación de los pacientes cannábicos al resto de los desempleados a la hora de solicitar trabajo.
Las señales del Estado boricua hacia el cannabis son contradictorias. Por un lado, la Junta Reglamentadora responde que sí a la petición de los Miembros de la Industria de Canabbis Medicinal (MICaM) para postergar el pago reglamentario de 20 dólares que se le pide a los pacientes para la obtención de su licencia. Según el licenciado Jose Aleczer Rivera, presidente del MICaM, “esta iniciativa ha logrado triplicar semanalmente la certificación de pacientes de 500 a 1.500, se estima que alrededor de 7.000 pacientes al finalizar esta moratoria el 30 de noviembre se hayan acogido a la misma, lo que significaría un incremento de 200%”.
“A nombre de los pacientes de Cannabis, especialmente los de limitados recursos, entendemos que la extensión permanente de esta moratoria ayudara a estos pacientes con condiciones graves a poder beneficiarse de estos recursos que el gobierno les brinda con alternativas eficientes y económicas para disfrutar de acceso a sus medicamentos”, agregó.
Por el otro, el proyecto de ley que buscaba prohibir la discriminación contra los pacientes de cannabis medicinal que son empleados o que buscan empleo, no fue incluido entre las medidas llevadas a votación al cierre de la sesión legislativa, por tercer ciclo consecutivo.
La medida, radicada el 21 de agosto de 2017, solo tuvo una vista pública en abril de este año. El Departamento de Salud, el del Trabajo y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSSCA) apoyaron la iniciativa, que quedó trabada en la comisión de lo Jurídico. En medio de la polémica, se conoció el caso de una persona participante del programa de cannabis medicinal que había recibido una oferta verbal de empleo en un banco del país. La persona aceptó la oferta, que debía entonces convertirse en formal, pero una vez que dijo que era participante del programa debido a cierta condición de salud, la plaza nunca se formalizó.
Puerto Rico y la protección a usuarios medicinales
“Puerto Rico necesita que la Legislatura haga un movimiento con respecto a la protección de los pacientes trabajadores que utilizan cannabis medicinal”, apuntó Ingrid Schmidt, presidenta de la Asociación de Cannabis Medicinal de Puerto Rico (PRMCA, en inglés), al tiempo que denunció un trato “punitivo” a los pacientes empleados tanto en el ámbito público como en el privado.
“Te das cuenta de que hay todavía muchísima desinformación y que, definitivamente, es un tema donde hay que legislar y hay que proveerles una protección a nuestros pacientes”, apuntó la presidenta de la Asociación.
Una conocida puerta podría abrirse en la isla, en sintonía con lo que ocurre en muchas de las naciones que coquetean con la legalización del cannabis. El gobierno federal ha dado luz verde a los Estados y jurisdicciones para que establezcan sus propios marcos legales en la materia, tanto medicinal como recreativo.
Por Rama
Fuente: La Marihuana