ALMERÍA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) –

El juez ha procesado a dos policías locales de Vícar (Almería) por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado al cultivo ‘indoor’ masivo de marihuana para su posterior venta al concluir que ambos se habrían encargado «de obtener, gestionar y cobrar» las viviendas en las que instalar los cultivos, así como de la «captación de posibles arrendatarios idóneos» para estos fines.

El magistrado instructor indica que los dos agentes, «aún en su condición de policías locales sin autorización administrativa de compatibilidad para ello», buscaban supuestamente las viviendas en «barrios deprimidos», con «numerosos enganches irregulares» a la red eléctrica y que, por ello, «recibían un porcentaje de alquiler de cada una de las viviendas».

El auto del Juzgado de Instrucción 5 de Roquetas de Mar, adelantado este martes por el periódico ‘La Voz de Almería’ y consultado por Europa Press, acuerda que vayan a juicio oral otras 11 personas con diferentes roles dentro de la red al apreciar la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

El juez señala que las diligencias practicadas en el marco de la instrucción «relacionan» a los dos policías locales con la persona «presuntamente encargada de dotar» a las viviendas de «toda la infraestructura necesaria y personas para el desarrollo de las plantaciones de marihuana».

En la resolución, reseña que, durante la investigación, «resultó especialmente llamativo cómo policías locales, fuera de servicio, se moviesen con evidente facilidad por una zona de Roquetas de Mar como las 200 viviendas, siendo hecho notorio las numerosas actuaciones judiciales ahí por delitos contra la salud pública» y se reveló «como ambos se convirtieron en piezas esenciales en la búsqueda de viviendas y de personas encargadas de desarrollar otras finalidades relacionadas con la presunta actividad delictiva».

Añade que, junto a un cuarto procesado, «mano derecha del encargado de la infraestructura y su hombre de confianza, los dos policías locales eran los «responsables del alquiler de una serie de inmuebles que suponían unos ingresos mensuales de entre 6.000 y 7.000 euros» y que lo hacía «con plena libertad y disponibilidad para elegir a los arrendaratarios de las viviendas» para cultivos de marihuana.

La investigación judicial atribuye al resto de acusados diferentes roles como la instalación de las plantaciones, su cuidado, la recolección, o la realización de las instalaciones eléctricas en las viviendas para «enganches ilegales al suministro eléctrico». También se pide que vaya a juicio el propietario de algunas viviendas ya que supuestamente «tenía pleno conocimiento» ya que «solo le reportarían tales beneficios en esas zonas si eran destinadas a plantaciones de marihuana».

El juez Miguel Márquez pide que se abra juicio oral contra 13 investigados y da traslado al Ministerio Fiscal para que formule escrito de acusación, solicite el sobreseimiento o bien pida diligencias complementarias.

Fuente: Europa Press